El nuevo gobernador también informó que se dotó a la “Secretaría de Seguridad del Pueblo” a cargo de Oscar Alberto Aparicio Avendaño -quien hasta antes de su nombramiento era subsecretario de Operación Policial de Zacatecas- de la facultad para investigar delitos.
Esta labor lo hará en coordinación con el Fiscal de Justicia de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca. Sobre el Fiscal nombrado en el cargo apenas el pasado 28 de noviembre, una centena de organizaciones de la sociedad civil manifestó su preocupación al señalarlo como “un perpetrador de violaciones a los derechos humanos”.
Este nombramiento agrava aún más la situación de los derechos humanos en Chiapas. Durante su desempeño en el servicio público, Llaven Abarca ha demostrado ser perjudicial, especialmente en su rol como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana durante el gobierno de Manuel Velasco Coello. Su gestión se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza pública, represión a defensores de derechos humanos, detenciones arbitrarias y torturas, hechos que permanecen en la impunidad”, dijeron las organizaciones nacionales y estatales, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y la organización Melel Xojobal, que trabaja con niñas, niños y adolescentes.
En su toma de posesión, Eduardo Ramírez dijo que parte de su estrategia para la pacificación del estado, estará de la mano de las acciones de las fuerzas de seguridad a su cargo, quienes actuarán contra quienes cometan delitos del fuero común como extorsión y asalto a carreteras. “Todos los delitos del fuero común, vamos con todo, con valor. Aquí no hay derecho al miedo, la ley se va a aplicar”, aseguró.
Días antes, al presentar a quienes integran su gabinete de seguridad, el gobernador aseguró que se puso un plazo de 100 días para obtener resultados, y dio un periodo de 6 meses “para mantener pacifico al estado de Chiapas”.
Fuente: aristeguinoticias.com
